La polémica del indulto es cíclica: un gobierno concede un indulto polémico y la oposición se pone las
manos a la cabeza. Al año siguiente el partido de la oposición está ahora en el gobierno, y pese a sus agrias críticas, continúa concediendo indultos mientras la nueva oposición pide
cínicamente respeto a la labor de la justicia.
“Todos los partidos cuando han estado en la oposición han dicho que hay que reformar la ley de
indulto, pero cuando llegan al gobierno nunca la reforman”, explica Eva Belmonte, una de las editoras de El
indultómetro, una página que recoge todos los indultos concedidos desde 1996. Y es que a pesar de que la polémica se repite desde los inicios de la democracia, aún no se
ha encontrado el momento de reformar una ley vigente desde 1870. “Todos los partidos cuando han estado en la oposición han dicho que hay que reformar
el indulto, pero cuando están en el gobierno nunca lo hacen”
En su momento el indulto tenía todo el sentido del mundo. “Este ejercicio de gracia del ejecutivo
proviene de cuando éste intervenia de manera habitual en la administración de justicia”, explica Carles Mir, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y Profesor de Derecho Penal
en la Universidad Pompeu Fabra. Ahora, cuando el país quiere ser un Estado de derecho y se propugna la separación de poderes y el respeto a la justicia, cuesta más de entender:
“es evidente que ahora choca contra la justicia, es una contradicción”, asegura.
Sus defensores consideran que aún tiene sentido, pues permite dar una respuesta más ajustada al caso
particular de lo que es capaz una ley. Pablo Llanera, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), explicó en unas Jornadas Jurídicas organizadas por APM que lo
considera necesario, ya que permite “dar una salida en aquellos casos en las que la formulación corta y específica de la ley ha llegado a un resultado injusto”. “El indulto permite dar una salida en los caoso en que la ley ha llegado a un resultado injusto”
Desde Jueces para la Democracia (JpD) han criticado muchas veces la forma de usar el indulto de los
diferentes gobiernos pero consideran que a veces tiene sentido. “En casos excepcionales, la estricta aplicación judicial de las leyes penales puede producir resultados
injustos. El indulto es un mecanismo que permite dar solución a tales supuestos”, recoge un comunicado que la asociaciación publicó en noviembre de 2012 a raíz de un caso
polémico.
La necesidad de un último cartucho para aquellos casos en qué la apliación de als leyes produce un
resultado demasiado estricto es bastante compartida, ¿Por qué entonces trae siempre tanta polémica? Seguramente por tres motivos: la falta de motivación, el número de indultos y los
indultos a culpables de delitos como corrupción o torturas.
Las cifras
Para empezar, en España se han concedido desde 1996 más de 10.000 indultos, lo que representa una
media de más de uno al día. “Estas cifras demuestran que lo que debería ser una medida excepcional, no lo es”, concluye Belmonte.
Sin justificación
Los ministros que conceden el indulto no tienen que justificar su decisión. A menudo incluyen una
frase genérica como “atendiendo a las circunstancias, concurren razones de justicia y equidad”. Sin tener que justificar la concesión, es muy difícil controlar los criterios
que llevan a conceder un indulto y no otro, con lo que la polémica está servida. “Si no está justificado, no tienes en que basar un recurso contra la concesión o la denegación de
un indulto”, explica Mir.
Fue Felipe González quien supromió la obligatoriedad de motivar la concesión de los indultos. Además,
aunque en el expediente del indulto se recogen las opiniones del tribunal, del ministerio fiscal y de las instituciones penitenciarias, al final la decisión depende sólo del minsitro en
cuestión, normalmente el de justicia, excepto para casos de jurisdicción militar.
Aunque la desconfianza con la clase política ha hecho que ahora los indultos levanten mucha más
indignación, lo cierto es que los datos recogidos por El indultómetro demuestran que todos los gobienos han usado esta figura con más o menos la misma asiduidad y que desde 2001
se han concedido entre 200 y algo más de 500 indultos al año.
Es más, posiblemente debido a la presión social, 2013 fue el año con menos indultos desde
1996 – se concedieron 204 indultos- y a mitades del 2014 se habían concedido “sólo” 75, por lo que puede que este año se vuela a marcar un nuevo récord. Belmonte cree que el
cambio de tendencia se debe a qué ahora el indulto “está primera línea y en la prensa, así que hay más indignación y van con más cuidado”.
La palma se la lleva el año 2000, cuando el entonces ministro de Justicia, Ángel Acebes, indultó 1.744
presos, a 1.328 de ellos el 1 de diciembre, según él porque porque se acababa el milenio, era año jubilar y el 25 aniversario de la coronación del rey Juan Carlos. Entre los agraciados
con el “indultazo”, se econtraba el juez Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación continuada en el caso Sogecable. El 1 de
diciembre de 2000 Acebes indultó 1.328 presos para celebrar el cambio de milenio y el 25 aniversario de la Coronación de Juan Carlos I
Para Mir, teniendo en cuenta el número de indultos que se solicitan, el número de los concedidos no es
tan elevado: “se pide muchísimo y se conceden muy pocos, de hecho por eso necesitamos mejores criterios, y sobretodo más claros”. Por ejemplo, según datos oficiales, en
2012 se concedieron, hasta el mes de octubre, 404 indultos, lo que representa un poco menos del 7% del total de solicitados, 5.863. Esto son datos facilitados por el gobierno y, a
diferencia del número de indultos concedidos, no se pueden contrastar porque no es obligatorio publicar en el BOE los indultos rechazados.
Los delitos indultados
Sin ninguna duda, los indultos que más polémica traen son los indultos a políticos implicados en casos
de corrupción. También traen cola los que se conceden a policías acusados de tortura o a condenados por homicidio. Pero, ¿Cuáles son realmente los delitos que más se indultan?
En números absolutos, siempre destaca los concedidos a condenados por delitos contra la salud
pública, que representan casi tres de cada diez indultos. Esto se debe a qué las penas para estos delitos, que a menudo consisten en venta de pequeñas cantidades de droga,
son muy severas, y casi siempre llevan al ingreso en prisión aunque no se tengan antecendentes. Por eso los mismos jueces que se han visto obligados a imponer la pena informan
favorablemente del indulto. Es el ejemplo paradigmático de la poca flexibilidad de la ley en la imposición de penas. El siguiente delito más indultado es el robo.
Los políticos a menudo se escudan en estos datos ante las críticas por el número de indultos que
conceden. Pero tiene trampa: estos son los delitos más habituales por los que se entra en prisión: “se aplica mucho el indulto porque la pena que impone la ley se considera excesiva,
porque son delitos muy comunes, que tienen penas muy grandes y a muchas veces la condena llega muchos años después”, asegura Belmonte. En términos relativos,
los delitos más indultados son los delitos contra el medio ambiente, la prevaricación de funcionarios, los delitos de funcionarios contra la libertad individual y la
malversación
En El Indultómetro han dado una vuelta a los datos para saber cuáles son los delitos más
indultados en términos relativos, es decir, sobre el total de condenados por un determinado delito, qué porcentaje se indultan. La imagen es mucho más reveladora: delitos contra el medio
ambiente, prevaricación de funcionarios públicos, delitos cometidos por los funcionarios contra la libertad individual y malversación. Los tres últimos tienen que ver con sustraer dinero
público o con el ejercicio de un cargo público.
Para Mir, este tipo de indultos son el problema: “En realidad lo que a la gente le indigna son los
indultos por corrupción, a lo mejor lo que necesitamos crear criterios más restrictivos para ciertos delitos”.
La rebelión del Supremo
La sociedad no es la única que está dando signos de haberse hartado de los indultos. Hace un año
el Supremo anuló por primera vez en la historia un indulto de cárcel que el Gobierno había concedido al conductor “kamikaze” de Valencia, que fue condenado a 13 años de
prisión por matar a un joven de 25 años después de conducir en contra dirección durante 5 kilómetros por la AP7 y después de haber pasado sólo 10 meses en prisión.
Según el Supremo, si bien la justicia no puede valorar si un indulto es justo o no, sí puede controlar
que no haya arbitrairiedad, y en la medida que el Gobierno no señaló “las razones de justicia, equidad o utilidad pública que exige la ley”, no se excluye la arbitrariedad. En este caso,
además, el indulto se concedió en contra de la opinión del ministerio fiscal y del tribunal sentenciador. Los abogados del condenado recurrieron la decisión del TS ante el Constitucional
porque consideran que Supremo no tiene potestad para anular el indulto, pero mientras no se pronuncie, ha tenido que entrar de nuevo en prisión.
Este indulto fue especialmente polémico, además de porque el condenado no había cumplido ni la mitad
de su condena, porque según adelantó Información de Alicante, el abogado del reo era el hermano de Ignacio Astarloa, ex alto cargo del PP en el Ministerio del
Interior.
Unos meses antes, en 2013, el Supremo ya había anulado parte de un indulto del Gobierno a Alfredo
Sáenz, consejero delegado del Banco Santander. El Gobierno había pretendido anular los efectos de la normativa bancaria según la cual no se puede ejercer de consejero delegado
de un Banco con antecedentes penales. El Supremo consideró que el Gobierno no podía anular normativa básica.
Este marzo, el Supremo anuló otro indulto a otro conductor que provocó la muerte de sus tres
acompañantes, pero esta vez por un defecto formal -faltaba el informe del tribunal sentenciador-.
El futuro del indulto
Mariano Rajoy, en su comparecencia de esta semana en el Congreso para explicar sus medidas de
regeneración democrática, ha propuesto un mayor control parlamentario del Indulto. Así, propone que cada seis meses se remita un informe al Congreso y comparezca el
Ministro de Justicia para explicar los indultos concedidos y los denegados.
Sin embargo, un cambio significativo en la ley del Indulto no es ahora más probable que hace años,
aunque algunos lo señalan como una necesidad para mantener la institución: “Yo no creo que deba suprimirse porque a veces tiene sentido pero hace falta reformularlo para que no se cree
tanta polémica, necesitamos una nueva ley”, explica Mir. “No creo que deba suprimirse porque a veces tiene sentido pero necesitamos una nueva
ley”
Para el magistrado, lo más importante es que se motive para que la ciudadanía pueda saber “porque unos
sí y otros no”. Otra posible reforma es excluir o limitar la posibilidad de indulto para ciertos delitos: “no todos los indultos crean indignación, quizá la solución es crear criterios
distintos para los distintos delitos”. De momento el Partido Popular se ha negado contundentemente a una reforma en este sentido.
Mir cree que hay mucho margen para mejorar la ley: “también debería tener más peso los informes del
tribunal y de las autoridades penitenciarias”. Pero sobretodo considera que deberían reservarse los indultos totales para situaciones excepcionales: “por benévolo que sea el gobierno
cuesta justificar que no se imponga ninguna pena por los delitos, un indulto parcial tiene más sentido”.
Llanera en cambio explicó en las jornadas de la AMP que ya “existe un control riguroso en su
concesión” y que además “no es un fenómeno nuevo, la petición en España siempre ha sido numerosa”.
Eva Belmonte en cambio considera que el uso “masivo” del indulto lo aparta de su naturaleza
“excepcional” y dirigida a “paliar algunos casos en que la sentencia no puede adaptarse al caso”.
“Es una inteferencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial que no debería producirse en un estado
de derecho”, explica, “por eso soy bastante radical y creo que lo hay que hacer es mejorar los atenuantes que se pueden aplicar, mejorar el código penal y acotar los delitos”. Como
ejemplo pone todos los indultos que los gobiernos han concedido a condenados por delitos contra la salud pública porque consideran que las penas son demasiado excesivas: “quizá va siendo
hora de reformar las penas para estos delitos, y las de cualquier delito que sean injustas”. “Lo que hay que hacer es mejorar los atenuantes y acotar los
delitos, no permitir una injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial”
Además, para Belmonte, si es necesario un último recurso para cuando la ley llega a resultados
injustos, este “debería estar en manos del poder judicial y ser excepcional de verdad”.
Para Mir en cambio no tiene sentido que sea el mismo poder judicial quien conceda indultos: “No
tendría sentido porque estaría dejando sin eficacia penas que el mismo ha impuesto, es mejor que sea un tercero”.
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